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Categoría: transparencia

Va Transparencia por inhibir actos de corrupción y construir un mejor gobierno: Yan Rubio

  • Pendientes de solventar observaciones por 1,189 millones de pesos

  • Corresponden a las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a las secretarías de Salud, Educación y Obras Públicas

Al afirmar que el gobierno de Quirino Ordaz busca ofrecer un ejercicio transparente y adecuado del quehacer público, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, dio a conocer que actualmente existen pendientes por solventar 124 observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, por un monto de mil 189 millones de pesos, correspondientes en su mayoría a salud, educación y obra pública.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por el director de Contraloría, Rogelio Aviña Martínez, y por el coordinador de Acceso a la Información, Víctor Pérez, la funcionaria estatal dio un informe del estado en que se recibió la administración pública, referente a las observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores, como son la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior del Estado.

En este marco desglosó cuatro puntos que tienen que ver con rezago en observaciones, rezago en atención a promociones de responsabilidad administrativa, las 108 auditorías programadas para revisar el ejercicio del 2016 y el rezago en cumplimiento de obligaciones; también, enumeró cinco mecanismos para el fortalecimiento del Control Interno con auditorías en tiempo real y la implementación de figuras como el Testigo Social en materia de Obra Pública y Adquisiciones.

Yan Rubio dio a conocer que los mil 189 millones de pesos en observaciones pendientes de solventar con la ASF, corresponden a Respuesta en Análisis, 249 millones de pesos, además dieron lugar a procedimiento resarcitorio 185 millones de pesos y corresponden a Seguro Popular y FASSA.

Con Dictamen Técnico de No Solventación están 457 millones de pesos y corresponden a FAEB, FAETA, FASP, FAFEF, Seguro Popular, FASSA y U023. “Se tendrá que dar, si existe, más información para que revise y se pronuncie en definitiva”, añadió.

Dijo que sin estatus se encuentran 253 millones de pesos. No se cuenta con la totalidad de la información, aunque ahí está incluida una auditoría a reintegros al sector salud por 133 millones de pesos y otra al programa federal de oportunidades por 75 millones de pesos. Sin respuesta 45 millones de pesos. Las dependencias ejecutoras no han dado respuesta y se les está contactando para su atención.

En cuanto a las 437 observaciones de la Secretaría de la Función Pública por un monto de 948 millones de pesos y que se refieren principalmente a pagos improcedentes, recursos destinados a fines distintos a los autorizados, recursos no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE e incumplimiento en materia de planeación y presupuestación, se solicitó la presencia de un equipo para que en sito apoye a esta Secretaría revisando la información que se está recabando del análisis de los expedientes correspondientes a fin que puedan dictaminar lo procedente a la brevedad. El compromiso es contar con todos los elementos para iniciar las mesas de trabajo en los próximos días y abatir el rezago en un 50 por ciento en los tres meses siguientes, explicó.

Yan Rubio adelantó que existen 108 auditorías programadas para revisar 2016 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y de la propia Auditoría Superior del Estado.

Se está analizando el alcance y su naturaleza, así como las observaciones que han sido más recurrentes y con mayor gravedad o impacto económico. Con un enfoque de control interno que permita determinar las áreas más susceptibles en las que deberá intervenir esta secretaria con revisiones de forma directa y complementaria.

Además conforme a la instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, las acciones que se lleven a cabo irán directo a la causa raíz para fortalecer los procesos sustantivos del quehacer gubernamental que impacten principalmente en pro de la ciudadanía.

Detalló que las auditorías programadas en el presente año por la Auditoría Superior de la Federación al estado inician a partir del primero de mayo y se refieren al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, FAETA, FONE, FAM, FAFEF, FISE, U080, PROSPERA, FASSA, Seguro Popular, FASP, PDR, U006, y Participaciones Estatales, además de 20 a municipios que ya iniciaron, dando un total de 37.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública llevará a cabo 36 auditorías, de las cuales ya inició 18 a PROAGUA, Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, INEA, FPEMS, Fortalecimiento Financiero y FORTALECE.

La Auditoría Superior del Estado dentro de su programa anual tiene contempladas 35 auditorías a dependencias y entidades estatales del periodo del 2011-2016, entre las que se encuentran la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Turismo, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Oficina del Gobernador, Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal, Coordinación General de Comunicación Social, Procuraduría General de Justicia del Estado, Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Instituto Estatal de Pensiones, Servicios de Educación Pública Descentralizada, Hospital Civil, e Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa.

Por otra parte, la secretaria Yan Rubio adelantó algunas medidas que se implementarán como auditorías en tiempo real de obras públicas relevantes acorde a su inversión económica y a su trascendencia para la ciudadanía. Con este mecanismo se logrará verificar en tiempo real el avance físico y financiero, que antes sólo se ejecutaba a la conclusión de la obra, lo que asegurará que los recursos asignados se apliquen adecuada y oportunamente, verificando de esta forma se cumplan los plazos establecidos en el calendario de obra y se garantice su adecuada conclusión. Además se implementarán los análisis de viabilidad socioeconómica que demuestren una correcta relación costo, indicadores de necesidad e impactos de las obras ejecutadas.

Complementariamente la auditoría en tiempo real se acompañará con una verificación de la calidad de la obra durante su ejecución, buscando garantizar que se cumplan con todas las especificaciones de calidad con la que fue concebida, y este proceso de verificación mediante las pruebas de laboratorio que correspondan será obligatorio para el contratista, para el Gobierno y para la propia Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

También dijo que se está fortaleciendo el sistema de contrataciones en materia de adquisiciones y obra pública, para lo cual se realiza actualmente un análisis integral de las disposiciones legales y mecanismos que rigen dichas materias, implementando figuras como los lineamientos en puntos y porcentajes en materia de adquisiciones y en materia de obra pública, lo que permitirá al estado no solo comprar al precio más barato, sino al mejor precio acorde a la calidad requerida y a las necesidades y especificaciones propias de los bienes, servicios u obras que se requieren contratar.

Yan Rubio añadió otra medida es la implementación de la figura de Testigo Social en materia de Obra y Adquisiciones, de tal suerte que se pueda abrir a la participación ciudadana los procesos de licitación desde su inicio, ciudadanizando las compras del gobierno y asignación de obra pública. El propósito es implementar mecanismos de vigilancia social de los recursos públicos, con Observatorios Ciudadanos y Comités de Contraloría Social, como parte de la política pública de Gobierno Abierto.

“Con todas éstas acciones se dará cumplimiento al compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel de operar el quehacer gubernamental de manera transparente, orientado a impactos y con rendición de cuentas por cada entidad para beneficio de los sinaloenses”, concluyó.

Conoce el Plan de Austeridad del Gobierno de Sinaloa

1.- Se cancela la asignación de escoltas a funcionarios de mandos medios y superiores, y solo se asignarán a aquellos servidores públicos que por las leyes en materia de seguridad pública o en base al estudio de vulnerabilidad que lleve a cabo la Secretaria de Seguridad Pública se determine.

2.- Se cancela la asignación de chofer a los mandos medios y superiores, sólo contará con chofer el Titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Titulares de las Dependencias y Entidades que lo justifiquen para el desempeño de sus funciones.

3.- No se incrementará el costo de la nómina y los movimientos que se realicen deberán ser justificados y compensados.

4.- A partir de la segunda quincena de enero se iniciará la centralización de la nómina de todas las Dependencias y Entidades de Ejecutivo del Estado, para detectar duplicidad de funciones, generar una mayor eficiencia y economías en su registro y pago, efectuar el timbrado de su totalidad y entero del impuesto sobre la renta, el cual será retornado al Estado vía participaciones de la Federación.

5.- Ningún servidor público de mando podrá percibir un ingreso superior al Titular del Ejecutivo del Estado y los servidores públicos no podrán tener un ingreso superior al de su jefe inmediato. Por lo anterior, se procederá a revisar las percepciones nominales actuales y proceder, en su caso, a su regularización en la segunda quincena del presente año.

6.- No se otorgarán a los servidores públicos de mandos medios y superiores Seguros de Gastos Médicos Mayores y de Separación Individualizado.

7.- Se cancela el otorgamiento de equipos de telefonía celular al personal. Sólo se contará este servicio a aquellos servidores públicos a quienes les sea indispensable para cumplir con sus funciones o que atiendan áreas de riesgo, tales como: Salud, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, a los cuales se establecerá una tarifa máxima y el excedente será cubierto por el servidor público.

8.- No se adquirirán ni otorgarán vehículos para el uso personal a mandos medios y superiores. En caso de requerirse el servicio para actividades relacionadas con el trabajo de Gobierno, cada Dependencia o Entidad contará con un pool de vehículos utilitarios para cubrir sus necesidades operativas. Sólo se asignará vehículo al titular del Ejecutivo y a los titulares de las Dependencias y Entidades.

9.- Se procederá de manera inmediata a identificar aquellos vehículos que ya no es conveniente su uso, ya sea por sus condiciones físico mecánicas, por costos onerosos de mantenimiento o de alto consumo de gasolina, a fin que a más tardar el 31 de marzo se inicie su baja.

10.- Los vehículos utilitarios que se requieran adquirir por renovación, no deberán exceder de $250,000 incluyendo IVA, con excepción de aquellos con características especiales que sean necesarios para el ejercicio y operación de los programas de Salud, Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Protección Civil y Supervisión de Obras, los cuales por ningún motivo deberán ser vehículos de lujo ni de alto cilindraje.

11.- A partir del mes de febrero se implementará en todas las Dependencias y Entidades la instalación de chip y bitácora para cada vehículo, a fin de controlar y reducir el consumo de combustible y transparentar su uso y comprobación.

12.- Se generará un ahorro de al menos 30% en el consumo de combustible y mantenimiento vehicular, con excepción de los programas de Salud, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, derivado de la sustitución por vehículos austeros y con características de alto rendimiento de combustible, así como la instalación de chip y bitácora en cada uno.

13.- A más tardar el 30 de abril se llevará a cabo la compactación de programas y estructuras derivado del gasto y acciones de gobierno que no demuestren resultados concretos o estén duplicados.

14.- Las Licitaciones Públicas contarán con la participación de testigos ciudadanos en todos los procesos, serán transmitidas en vivo por internet y se publicará su avance en la página institucional. Para el caso de obras públicas, además se dará seguimiento vía internet desde el anteproyecto, adjudicación y ejecución, hasta su conclusión.

15.- A partir del primer trimestre del año se realizará la estandarización, centralización y consolidación de compras de materiales, suministros y servicios de uso generalizado y de obras públicas de todas las Dependencias y Entidades, para garantizar la obtención de ahorros y de mejores condiciones para el Estado. Así mismo, se realizará la adhesión a las compras consolidadas que lleve a cabo la Federación, en aquellos casos donde se estime obtener mejores condiciones, como es el caso de los medicamentos.

16.- Se iniciará la justipreciación de renta al 100% de los contratos de arrendamiento de inmuebles actuales, y se efectuará un análisis que incluya entre otros aspectos, el comparativo del valor de avalúo contra el costo de las rentas, a fin de proceder a ajustar las rentas a precio de mercado.

17.- No se autorizarán gastos de consumos de alimentación personales a familiares, y se reducirá el presupuesto destinado a viáticos, convencionales y gastos de representación, los cuales deberán estar relacionados con trabajo del Gobierno, apegarse a la normatividad y limitarse al mínimo indispensable.

18.- Se efectuarán convenios marco con las diversas aerolíneas para estandarizar las tarifas a las que deberán apegarse las Dependencias y Entidades.

19.- Se iniciará la implementación de procesos electrónicos de gestión de documentos y correspondencia con firma digital y correo electrónico, a fin de reducir al mínimo indispensable el consumo de papel y fotocopiado.

20.- Se estandarizará en todas las Dependencias y Entidades la plataforma informática para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales que permita una mayor eficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento en el ejercicio de las acciones y gastos de Gobierno, así como la generación de economías en su desarrollo, soporte y actualización.

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