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Categoría: transparencia

75 y 50% de descuento para El Buen Fin, así como 6 meses sin intereses.

El Gobierno de Sinaloa informa que, por instrucciones del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, se amplían los beneficios a contribuyentes con motivo del Buen Fin y atendiendo la demanda social, se otorgará un descuento del 75 % en multas y recargos de impuestos vehiculares.

Dicho beneficio estará vigente de hoy viernes 17 al viernes 24 de noviembre.

Este beneficio se adiciona al programa del 50 por ciento de descuentos en licencias de conducir (chofer, automovilista y motociclista), actas de registro civil, certificado de libertad de gravamen, carta de no antecedentes penales y expedición de informes catastrales.

Cabe recordar que además se otorgan seis meses sin intereses en los trámites vehiculares como son: cambio de propietario; placas nuevas y canje; tenencia (tasa variable dependiendo del valor del vehículo) y calcomanías ($545).

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Sinaloa es el primer Estado que implementa la simplificación administrativa y mejora regulatoria interna

  • Imparte la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en conjunto con la Secretaría de la Función Pública curso de sensibilización a servidores públicos

Sinaloa es en la primera entidad federativa que pone en marcha el Plan Estatal de Simplificación Administrativa y Regulatoria, el cual garantiza eficiencia y eficacia en el servicio público para impulsar un gobierno regulado y transparente.

Así lo anunció la C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, durante la impartición del ‘Curso de Sensibilización de Simplificación Administrativa y Mejora Regulatoria Interna’, en el cual estuvo acompañada por el Mtro. Edgar Guerrero Centeno, Titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública; y el Mtro. Rogelio Aviña Martínez, Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de la STyRC.

Precisó que estas mejoras son parte del compromiso del Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado de Sinaloa, de efectuar acciones, establecer programas y actividades que garanticen a través de la simplificación regulatoria, una administración pública moderna, eficaz, eficiente, transparente y de calidad.

La titular de la STyRC añadió “Impulsaremos el cambio y modernización administrativa mediante el fortalecimiento de las normas internas y sustantivas de la administración pública estatal. Estamos convencidos que mediante esta reforma regulatoria tendremos más herramientas para enfrentar el fenómeno de la corrupción teniendo disposiciones que normen el quehacer gubernamental” señaló la Secretaria.

Por su parte, el Mtro. Edgar Guerrero Centeno, Titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la SFP, enfatizó en la importancia de que todos los servidores públicos, sin excepción, estén convencidos de que la mejora regulatoria tiene un impacto fundamental el bienestar de la sociedad.

Además, basándose en datos proporcionados por el INEGI, señaló que la percepción de los ciudadanos es que la carga administrativa a la que se enfrentan en el día a día se vuelve cada vez más pesada.

“Esto abre espacios a la corrupción, mientras más pesado hacemos el proceso de un trámite, más abrimos el espacio a la discrecionalidad para que busquen evitar el proceso del trámite, es decir, esta asociación que se da entre una mala regulación vista a partir desde cargas administrativas elevadas, evidentemente tienen una correlación positiva con el tema de corrupción. Es por esto que la mejora regulatoria es necesaria porque nos ayuda a dar certeza de los procesos que tenemos que llevar a cabo sin sobre regulación”, puntualizó el titular.

También estuvieron presentes la Lic. Miriam Itzel Cruz Reyes, directora de Modelos de Planeación Estratégica Institucional; y el Mtro. Engel Miranda Figueroa, Subdirector de Modelos de Planeación Estratégica Institucional de la Secretaría de la Función Pública, quienes estuvieron a cargo de disertar talleres relacionados con la materia dirigidos a los servidores públicos estatales.

Inhabilitan a dos ex secretarios del gobierno anterior y cuatro ex funcionarios más

  • Existe un pasivo de mil 175 millones de pesos que no fueron enterados al IPES y un faltante de 667 millones en el saldo inicial del gobierno

Debido a diversas irregularidades administrativas detectadas en el ejercicio del gobierno anterior, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inhabilitó por siete y tres años al ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra y al ex secretario Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez, respectivamente, así como a otros cuatro ex funcionarios más.

En conferencia de prensa, la titular de esta dependencia, Guadalupe Yan Rubio, y el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, dieron a conocer los dictámenes mediante los cuales estos ex funcionarios quedaron inhabilitados para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público dadas las irregularidades detectadas por esta Secretaría y por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En el caso del ex secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, se le inició un procedimiento administrativo debido a que omitió enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos, motivo por el cual se dictaminó su inhabilitación por siete años.

Por esta misma razón, también fue inhabilitado por cinco años el ex subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, al encontrarse responsabilidad en la omisión del entero de dichas aportaciones al IPES, las cuales fueron descontadas a los trabajadores.

En otro caso, este ex funcionario, Guzmán Cota, también recibió otra sanción de inhabilitación por seis años, debido a la irregularidad encontrada en los saldos iniciales de las cuentas bancarias del gobierno, pues la administración pasada reportó un saldo de mil 88 millones 671 mil pesos, cuando en realidad se recibió la cuenta con 421 millones de pesos; es decir, una diferencia de 667 millones de pesos. Cabe precisar que las sanciones no son acumulativas y sólo se ejecutará la mayor, es decir, la inhabilitación por seis años.

Por este caso, también se sancionó al ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, quien fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro del gobierno por tres años.

En un tercer caso, derivado a las anomalías encontradas en el manejo y aplicación de los recursos que estaban relacionados con la construcción de distintas obras públicas, se dictaminó la inhabilitación por tres años para el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, ya que suscribió dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato, referentes a la construcción del cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo en esta ciudad, y la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato.

Asimismo, Sevilla Suárez suscribió el contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, Región Centro, sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno de Estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos.

Por la omisión de informar al ex secretario de Obras y Desarrollo Urbano de que no se contaba con la propiedad de los terrenos donde se ejecutaría la obra del cruce ferroviario en mención, la STyRC dictaminó una suspensión temporal en el servicio público por 90 días para el ex director de Contratos, Carlos Ramón López Castro.

De igual manera, el ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, recibió una suspensión temporal por seis meses, por omitir hacer del conocimiento del ex secretario Sevilla Suárez que la dependencia carecía de los recursos suficientes para realizar la obra de la construcción del Centro de Justicia Penal, Región Centro, motivo por el cual se adeuda al contratista 78.8 millones de pesos.

La titular de la STyRC, Guadalupe Yan Rubio, destacó que esta Secretaría ha dirigido sus esfuerzos, atendiendo el compromiso del gobernador, de fortalecer el control interno institucional del Gobierno del Estadio en tres grandes ejes como son: Transparencia, Rendición de Cuentas y Seguimiento de Impactos.

Inhabilitan a seis ex funcionarios hasta por 10 años y deberán pagar 66.5 mdp

  • El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Aviña, informó que hay más ex funcionarios que deben justificar anomalías financieras

Por causar un daño económico a las arcas del Gobierno del Estado, seis ex servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, y de la Secretaría de Turismo resultaron responsables en la auditoría que inició la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, por lo que quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público en los siguientes 10 años, en el mayor de los casos, y la obligación de reintegrar en conjunto 66 millones 542 mil 973 pesos, como reparación del daño.

Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, durante una conferencia de prensa en la que acompañó a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, para dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas por esta dependencia al ejercicio fiscal del sexenio anterior que concluyó en diciembre del 2016.

El funcionario informó que la STyRC resolvió en definitiva el procedimiento de responsabilidades que inició en contra de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, toda vez, que estas personas se vieron involucrados en hechos en los que fue alterada documentación oficial utilizada para solicitar al Sistema de Administración Tributaria, la validación de los formatos INC-1 e INC-4, con la finalidad de obtener su devolución mediante estímulos provenientes de las acciones de fiscalización concurrente, generando un daño económico al Estado por la cantidad de 14 millones 284 mil 276 pesos.

Por tales motivos se impusieron las siguientes sanciones: Al ex director de Fiscalización de la SAF, Jesús Alanís Cháidez, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 21 millones 426 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.

Al ex subsecretario de Ingresos de la SAF, Clodomiro Espinoza García, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 3 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 14 millones 284 mil 276 pesos más un peso, que corresponde al daño patrimonial.

En tanto que ex director Política Tributaria de la misma dependencia, Everardo Ayala López, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 17 millones 855 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y un cuarto del tanto más del daño causado.

Aviña Martínez agregó que también se dictaron similares resoluciones contra tres ex funcionarios de la Secretaría de Turismo, por hechos vinculados a varios pagos por un importe de 8 millones 651 mil 798 pesos, para pagar a presuntos proveedores de campañas vacacionales denominadas “CAMPAÑA DELTA VACATIONS 2016”, “CAMPAÑA CANWEST 2016” y “CAMPAÑA CONTINENTAL AIRLINES”, sin documentos que justifiquen el pago realizado, así como la omisión de proporcionar el contrato de prestación de servicios correspondiente y el expediente que ampare la adjudicación.

Las sanciones a las que se hicieron acreedores fueron las siguientes: Al entonces secretario, Rafael Lizárraga Favela, y ahora subsecretario de Turismo en la presente administración, se le impuso una suspensión consistente en la pérdida temporal del empleo, cargo o comisión y de todos los derechos que derivan del nombramiento por el término de 30 días naturales.

De igual manera, al ex secretario Técnico, Luis Ángel Pineda Ochoa, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 8 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 12 millones 977 mil 697 pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.

Y por último, al ex jefe de Departamento Administrativo, Luis Martínez Romero, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Independientemente de estos seis casos específicos, la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la STyRC tiene abiertos varios procesos más, que están en su etapa de aclaración.

CASO 16.9 MILLONES DE PESOS

En este caso, se notificó a 10 servidores públicos de las Secretaría de Administración y Finanzas, y de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, donde se les atribuyen, a los servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas: Realizar un traspaso indebido por 16.9 millones de pesos de una cuenta específica a una concentradora, no reintegrar a la Federación 3 millones de pesos no ejercidos, y celebrar un contrato modificatorio excediendo el 25 por ciento que permite la Ley con una afectación de 79.4 millones de pesos.

A los servidores públicos de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se les atribuye haber realizaron trabajos de obra en un predio sin derechos de propiedad por parte de Gobierno del Estado, y la falta de reintegro a la Federación de recursos no ejercidos por 3 millones 80 mil pesos.

El subsecretario precisó que en el mes de agosto y en lo que va de este mes de septiembre, los presuntos responsables presentaron su informe y acudieron las audiencias de ley, por lo que actualmente está la fase de desahogo de pruebas.

CASO FONDOS SUPERVISIÓN DE OBRA

En otro caso, Aviña Martínez informó que se inició el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de dos servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, ya que instruyeron y ejecutaron la trasferencia de recursos de una cuenta específica de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a otra cuenta concentradora de la Secretaría de Administración y Finanzas, por un monto de 15.1 millones de pesos, que eran propios para la supervisión de las obras púbicas. Los involucrados, ya rindieron su informe de contestación a los hechos y comparecieron a la audiencia de ley los días 21 y 22 de septiembre del presente año. El asunto actualmente se encuentra en su etapa probatoria.

CASO SALDOS INICIALES

También se llamó a procedimiento a tres ex servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, quienes participaron en la rendición de la cuenta 2016, que presentó información financiera al 31 de diciembre de 2016, con disponibilidad financiera por 1,088 millones de pesos, no obstante sólo había saldos por 421 millones de pesos. El plazo para rendir su informe concluye el 28 de septiembre y 3 de octubre. La audiencia de ley tendrá verificativo los días 10, 11 y 12 de octubre.

COLABORACIÓN SFP

Por otra parte, informó que se han celebrado diversas reuniones de trabajo con autoridades de la Secretaría de la Función Pública, mismas que fueron suspendidas por los hechos recientes acontecidos en la Ciudad de México, en las que se analiza la posibilidad de coordinar diversas acciones para la atención de algunos casos que pueden ser del orden federal y que por ello, merezcan ser analizados por la instancia federal encargada de la materia punitiva.

CASOS CONVENIOS MODIFICATORIOS

El subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, dio a conocer que existe un proceso de notificación contra cuatro ex servidores de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por hechos sobre 15 contratos de obra pública por 244 millones 098 mil 979 pesos, pues se encontró que se hicieron incrementos por 59.9 millones de pesos, sin que se estableciera en las razones fundadas y explícitas, el catálogo de conceptos de obra a desarrollar, las cantidades y precios unitarios que lo conforman, nuevos plazos de ejecución, garantías por el incremento, necesarios conforme a la ley para conocer dónde y cómo serán aplicados los conceptos de obra nuevos.

Además, en convenios superiores al 25 por ciento no se cuenta con la autorización de la Secretaría de la Función Pública, ni con la disponibilidad presupuestaria; en seis casos, los dictámenes técnicos fueron signados por una autoridad distinta al residente de la obra, que es el formalmente competente. Este caso está en proceso de notificación del inicio de procedimiento en contra los involucrados.

CASOS CONVENIOS SAF

En otro de los casos, se concluyó con la notificación de los procedimientos de responsabilidades contra ex servidores de la SAF, por los siguientes hechos: Respecto hechos vinculados al cumplimiento de un convenio con la SHCP por 200 millones de pesos, por realizar traspasos no justificados de una cuenta específica del convenio a una cuenta concentradora por un monto de 105 millones 276 mil 195 pesos.

Además, por traspasos indebidos en otro convenio de 258 millones de pesos para el equipamiento y acabados en la cuarta etapa del Teatro de los Mochis, mecánica teatral, cristal templado, aire acondicionado, baños presupuestados en 7 millones 158 mil 232 pesos, de los cuales se regresaron 939 mil 886 pesos, quedando por comprobar 6 millones 208 mil 695 pesos, que no fueron reintegrados a la TESOFE.

CASO 165 MILLONES DE PESOS

Por otra parte, se tiene un procedimiento de responsabilidades más relativo a hechos de otro convenio para construir la segunda etapa de la Alberca Olímpica en Mazatlán y la ampliación del Hospital General de Guasave (área de la Mujer), en la que se convino entregar a la entidad federativa la cantidad de 165 millones 14 mil pesos, donde servidores de la SAF hicieron traspasos indebidos a cuentas no autorizadas en el convenio por 11 millones 30 mil pesos, de los cuales reintegró 4 millones 840 mil pesos, quedando pendiente sin justificar un importe de 6 millones 190 mil pesos.

CASO 145 MILLONES

Por último, Aviña Martínez informó que con relación al convenio celebrado por la cantidad de 145 millones de pesos, se detectó un traspaso no justificado por la cantidad de 11 millones 880 mil pesos, y se omitió reintegrar a la TESOFE 11 millones 900 mil pesos relativo a recursos no ejercidos en el convenio.

Destaca la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en resultados de evaluación de calidad de información de las Obligaciones de Transparencia

  • La dependencia comparte el primer lugar el ranking junto con el Instituto de Defensoría Pública dentro de la evaluación realizada al poder ejecutivo

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas obtuvo el primer lugar del ranking de verificación diagnóstica que realizó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP) al Poder Ejecutivo, el cual tiene como objetivo determinar la calidad del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en los entes públicos de la entidad.

En el proceso de evaluación de CEAIP, en el cual se analizaron las fracciones de los artículos 95 y 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LTAIPES) que se publicaron en la Plataforma Nacional de Transparencia así como sus portales oficiales, el órgano de control estatal cumplió con el 97.39% del puntaje total, mismo porcentaje obtenido por el Instituto de Defensoría Pública del Estado, compartiendo así el primer puesto en la tabla.

Dentro del análisis realizado, las dependencias y organismos evaluados con resultado sobresaliente fueron los siguientes:

  • Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 97.39%

  • Instituto de la Defensoría Pública del Estado, 97.39%

  • Secretaría de Pesca y Acuacultura, 96.79%

  • Instituto Técnico Superior de Guasave, 96.57%

  • Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, 95.96%

  • Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, 95.58%

  • Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, 93.38%

  • Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 93.29%

  • Secretaría de Turismo, 93.04%

  • Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 92.70%

  • Secretaría de Innovación, 92.50%

  • Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, 92.40%

  • Secretaría de Obras Públicas, 92.37%

  • Oficina del Gobernador, 90.03%

Este puntaje muestra el compromiso de la C.P. Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, de dirigir una dependencia que cumpla con el principio de máxima publicidad de la información y quehacer fundamental para así garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Por su parte, el Lic. Víctor Manuel Pérez Castro, Subsecretario de Transparencia y Contraloría Social, recalcó que se reforzarán los esfuerzos para cumplir con lo que manda la Ley de Transparencia en las próximas evaluaciones que efectúe por el órgano garante.

“Hay que resaltar que esta evaluación sigue principalmente un criterio de calidad, es decir, la CEAIP revisó en términos de calidad cada una de las fracciones y de los datos que están subidos tanto a la Plataforma Nacional de Transparencia y el portal de transparencia del Estado, y en encontró algunas áreas de oportunidad que se estarán atendiendo en los próximos días realizando las modificaciones necesarias para cumplir al 100 por ciento con los parámetros, los cuales son sumamente detallados” aseguró Pérez Castro.

En el proceso completo se evaluó al Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a los Organismos Autónomos, Ayuntamientos, Partidos Políticos y Sindicatos, de los que se tomó una muestra aleatoria de 97 entidades públicas de las 251 que existen en el estado, sobre las que se implementaron 127 mil 637 criterios de calidad, durante el periodo que comprende del 27 de junio al 11 de septiembre de este año.

La información a detalle de los resultados del análisis se encuentra disponible en www.ceaipsinaloa.org.mx/evaluaciones/vd2017/inicio.pdf

Avanza Sinaloa en materia de control interno, ética y transparencia en contrataciones públicas

  • Realizan en la capital del Estado la Segunda Reunión Ordinaria Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación Con las publicaciones del Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en Contacto con los Particulares, el Acuerdo de Disposiciones y el Manual Administrativo de Control Interno y el Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Reglas de Integridad, Sinaloa avanza en las tres líneas de acción, Control Interno, Ética e Integridad y Contrataciones Públicas que se analizaron en el marco de la Segunda Reunión Ordinaria Región Noroeste de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación.

Dicha reunión de trabajo fue presidido por la C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, en la que estuvo acompañada por Lic. Luis Adrián Pascacio Martínez, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública; y sus homólogos, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora y Coordinador Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación; M.C. Sonia Murillo Manríquez, Contralora General del Estado de Baja California Sur y Coordinadora de la Región Noroeste; Lic. Francisco Postlethwaite Duhagon, Contralor General del Estado de Baja California; Ing. Alberto Arvizu Ponce, Secretario Técnico representante de la Mtra. Rocío Estefany Olmos Loya, Secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua.

En su mensaje, Yan Rubio precisó que hoy en Sinaloa se publicó el Acuerdo de Disposiciones y el Manual Administrativo de Control Interno que permitirá la implantación del Sistema de Control Interno de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo. Además, destacó que Sinaloa junto con 4 entidades del país son las que han reportado la publicación del Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en Contacto con los Particulares. Convencidos que el intercambio de información y experiencias obtenidas en lo que va de los sietes meses del 2017, servirán para que en nuestras respectivas Entidades Federativas se impulsen mejores prácticas de gobernanza que redunden en mejores prácticas en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, dijo la funcionaria estatal y agregó que nuestro Estado ya cuenta con un Código de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y Reglas de Integridad, el cual permitirá que la próxima semana se integren los Comités de Ética y Conflicto de Interés.

Detalló que son ocho los proyectos los que están a cargo de la Región Noroeste, y se pone especial énfasis en las implicaciones que para algunos estados ha significado la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Todas estas acciones son parte de los compromisos de la administración del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, convencido de que éstos son la base para dar respuestas legítimas a reclamos de una

sociedad actual, cada vez más activa, conocedora y exigente acerca de la información sobre uso y destino de los recursos públicos de que dispone, aseveró.

Mientras tanto, Luis Adrián Pascacio Martínez, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública indicó las actividades de esta Región Noroeste, son de gran importancia, ya que en el marco de la Primera Asamblea Plenaria 2017 de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, se asumió la tarea de desarrollar y promover proyectos en materia de Control Interno; Ética e Integridad y Contrataciones Públicas; por ello, en el Plan de Trabajo 2017, se consideró la alineación al Sistema Nacional de Fiscalización, en las tareas de los Grupos de Trabajo, lo cual resulta de gran relevancia para brindar resultados a la ciudadanía, bajo principios de integridad y ética. Subrayó que es la primera ocasión en que los temas en los que se enfocan las actividades de la Comisión Permanente, se encuentran alineados a los Grupos de Trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización, el cual tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias para promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

Asimismo, reiteró el compromiso que la Secretaría de la Función Pública tiene para alcanzar mayores resultados en todos los rubros.

Convocan a jóvenes a participar en el concurso de cortometrajes ‘Transparencia en Corto’

  • Con la finalidad de promover la participación activa de los jóvenes en materia de combate a la corrupción, contraloría social, cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaria de la Función Pública y el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas convocan a participar en el Décimo Segundo Concurso Nacional de cortometraje “Transparencia en Corto” en su etapa estatal.

Podrán participar de forma gratuita todos aquellos jóvenes de 16 a 25 años, ya sea de forma individual o en equipos de hasta 4 integrantes, mediante la realización de un cortometraje de máximo 90 segundos de duración en el que representen alguna forma de participación ciudadana para el combate a la corrupción, y /o acciones encaminadas a incentivar la contraloría social, la cultura de la legalidad, y la transparencia y rendición de cuentas.

Los premios son los siguientes: 1er lugar: Reconocimiento y 10 mil pesos

2do lugar: Reconocimiento y 6 mil pesos

3er lugar: Reconocimiento y 4 mil pesos

Los cortometrajes deberán ser ideas originales e inéditas, grabados con celular o cámara profesional y entregarse en formato de video MP4.

Los trabajos serán evaluados por un jurado conformado por representantes de diversas instituciones y profesionales en la materia, quienes tomarán en cuenta la creatividad, el contenido y el impacto social de cada trabajo.

Todos los cortometrajes inscritos en la etapa estatal participarán en la etapa nacional de este concurso, en el que tendrán la posibilidad de obtener un premio de hasta 40 mil pesos.

Los trabajos serán recibidos en las oficinas de la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, ubicada en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Culiacán, planta baja; así como en los módulos de información de las Unidades Administrativas en las ciudades de Los Mochis y Mazatlán, teniendo como fecha límite de inscripción el 14 de septiembre del presente año.

Las bases completas de este concurso se encuentran disponibles para consulta en el sitio web transparencia.sinaloa.gob.mx.

Lograremos un futuro mejor para Sinaloa, afirma Quirino Ordaz al presentar PED 2017-2021

  • Gobernador plantea en Plan Estatal de Desarrollo como ejes principales: Seguridad, de la más alta prioridad; Gobierno eficiente y transparente; Economía próspera y Competitiva; Desarrollo social y humano y; Desarrollo sustentable y mejor infraestructura

  • Instruye a la Secretaría de Seguridad Pública a abrir una amplia convocatoria para diseñar y presentar el programa de Seguridad Pública

Ante representantes de los diversos sectores de la sociedad, académicos, políticos y empresarios, el gobernador Quirino Ordaz Coppel presentó su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el cual contiene las metas para dotar a Sinaloa de una economía próspera y competitiva, que irá de la mano con un auténtico desarrollo social y humano, cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los sinaloenses.

En el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno y acompañado además por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, todos sus colaboradores, los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, y cientos de invitados especiales de la sociedad civil, Ordaz Coppel dio a conocer el plan rector con el cual se habrá de conducir su gobierno, mismo que es producto de una amplia consulta ciudadana donde quedaron plasmadas las demandas y aspiraciones de los sinaloenses.

“Lo diré rápido y con precisión: lo que anima a este planteamiento es la imperiosa necesidad de hacernos cargo de los problemas y desafíos de nuestro tiempo. De lo que se trata es de asumir, con toda determinación y claridad de miras, lo que bien podríamos denominar un auténtico compromiso de esta generación de sinaloenses, de la que orgullosamente somos parte”, dijo de entrada el gobernador.

Destacó que una de las características de este plan será su permanente revisión y ajuste, no por un mero prurito formal de planeación, sino para asegurar que sus metas se vean traducidas en indicadores muy precisos, sin elevarlas tanto que sean inalcanzables, pero tampoco plantearlas muy cortas, con metas fáciles en la idea de querer decir que muy pronto serán cumplidas.

El gobernador del estado señaló que el plan que ahora se presenta alude a la urgencia de echar a andar una auténtica política de reconversión productiva que eleve la competitividad del sector agroalimentario, para aprovechar al máximo nuestra producción pecuaria, agrícola y pesquera, con valor agregado derivado de su vínculo con el sector industrial.

Por ello, anunció que se alentará la instalación de mayor infraestructura mejorando la logística que estimule la inversión, mediante el impulso de la construcción de los ejes carreteros interestatales, Badiraguato-Parral, Topolobampo-Chihuahua, Culiacán-ciudad de Durango, pero también el gasoducto, con una plataforma energética más segura, saludable y económica.

“Por supuesto que esto nos permitirá volvernos más atractivos a la inversión productiva, tanto extranjera como nacional, con lo que generaremos los empleos bien remunerados que el estado necesita y la población demanda”, aseguró.

Destacó que un factor fundamental del desarrollo en entidades como la nuestra, es el turismo. Por ello, con mayor y mejor infraestructura, conectividad aérea, terrestre y marítima, incorporando valor a nuestros destinos de playa, al turismo histórico, a nuestros pueblos mágicos y señoriales, al turismo ecológico y de aventura, se potenciarán nuestras fuentes de ingreso.

En este propósito, dijo que uno de los objetivos principales es volver mucho más atractivo a nuestro destino turístico por excelencia, que es Mazatlán, con el embellecimiento de su centro histórico, su legendario faro, también mediante el dragado y ampliación del puerto, así como garantizándole el suministro de agua a través de la construcción del Acueducto Miravalles.

“Con esta infraestructura terminada, estaremos listos para ser la sede del Tianguis Turístico 2018, porque sin duda alguna se realizará en Mazatlán, y con él los sinaloenses mostraremos al mundo nuestra hospitalidad, fortalezas y capacidad de organización”, puntualizó.

Por otra parte, Quirino Ordaz Coppel comentó que éste es el tiempo de los gobiernos abiertos, de la transparencia, de la rendición de cuentas y del fortalecimiento del Estado de Derecho.

Por ello, envió al Congreso del Estado iniciativas que obligan al ejercicio honesto de la función pública, constituyendo el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, la reforma al Código Penal para sancionar como delitos graves el peculado, el cohecho y el abuso de autoridad de los servidores públicos, así como para crear la Fiscalía Autónoma y la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

Al referirse al tema de la seguridad, Ordaz Coppel recordó que como lo dijo en su discurso de toma de protesta, para que Sinaloa sea más competitivo debe ser un estado más seguro.

“Como desafortunadamente ocurre en otros lugares de la República, vivimos un recrudecimiento de la violencia criminal. A partir de ello, tenemos que tomar decisiones puntuales, acertadas y eficaces, para ofrecer los resultados concretos que los ciudadanos demandan en materia de su seguridad”, dijo.

Debido a que este tema representa la más alta prioridad de su gobierno, instruyó al secretario de Seguridad Pública, general Genaro Robles Casillas, presente en el evento, para que en el más breve plazo se presente el Programa de Seguridad Pública.

Para tal efecto, habrá de diseñarse un mecanismo de consulta que permita recoger las opiniones más diversas de sectores sociales, académicos, de profesionistas, empresarios, defensores de los derechos humanos, periodistas, mujeres y hombres comprometidos con la tranquilidad y la paz de Sinaloa.

“Con el compromiso de todos, sin artificios retóricos, pero mediante planes realistas apoyados en la información, el conocimiento y la creatividad, enfrentaremos los retos de nuestra generación. Albergo el razonable optimismo de que haciendo, en el presente, cada quien lo que nos corresponde, lograremos un futuro mejor para Sinaloa. Está claro que los sinaloenses no nos rendiremos ante la desesperanza”, enfatizó.

“Al contrario, sabemos que vale la pena luchar por la esperanza cimentada en el trabajo esforzado de todas y todos los que promovemos el despegue de Sinaloa, en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política. Con ese optimismo, esperanza, firmeza y determinación, avanzaremos unidos por Sinaloa”, concluyó.

Exhorta la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a cumplir con la Declaración Patrimonial

  • Con el propósito de fomentar la cultura de la prevención, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas exhorta a los servidores públicos a cumplir con la obligación de presentar su declaración patrimonial, cuyo plazo vence el próximo miércoles 31 de mayo de este año.

Lo anterior, lo precisó Mtro. Rogelio Aviña Martínez, Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, quien indicó que hasta el momento han hecho su declaración patrimonial en línea 3 mil 312 servidores públicos de un total de 5 mil 720.

A escasos 6 días que venza el plazo convocó a los servidores públicos o sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial teniendo como base normativa el artículo 113 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Aviña Martínez dijo que la declaración patrimonial es un mecanismo de control para evitar que los servidores públicos tengan incrementos patrimoniales que no concuerden con sus ingresos como servidores públicos y/o como empresarios siempre y cuando estén sustentados en su declaración.

Asimismo, puntualizó que por instrucciones de la C.P. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas se están implementando acciones orientadas al fortalecimiento del esquema actual de declaración patrimonial, por ello, se trabaja en conjunto con la Secretaría de la Función Pública en la firma de un convenio para permitir a Sinaloa la utilización del Sistema Declaranet Plus.

Declaranet Plus, es un sistema que está diseñado para las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos federales, el cual tiene más fortalezas que el que actualmente se usa en el Estado. Incluye algunos datos que permiten dar mayor transparencia y está más orientado al Sistema Nacional Anticorrupción.

“Este convenio esperemos que esté firmado el próximo mes, esto significa que el año que entra, ya con la entrada en vigor con el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a tener un sistema de declaraciones homogéneo a nivel Nacional” aseguró.

El Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad mencionó que los servidores públicos que no cumplan con la declaración patrimonial anual serán acreedores a una sanción, la ley establece que debe requerirse al servidor público que cayó en omisión para que formule su declaración y, en caso de que no declare o incumpla, se le puede aplicar una sanción que va desde una suspensión o destitución del cargo.

“Aprovechamos este espacio para exhortar a todos los servidores públicos para que presenten su declaración patrimonial en el mes de mayo, cumplan con esta obligación y eviten ser sujetos de una sanción”, finalizó.

Los servidores públicos pueden ingresar a la liga http://declaranet.sinaloa.gob.mx o comunicarse al teléfono 714 4119 y 758 7022 Ext 1979 en el Departamento de Situación Patrimonial.

Va Transparencia por inhibir actos de corrupcií³n y construir un mejor gobierno: Yan Rubio

  • Pendientes de solventar observaciones por 1,189 millones de pesos

  • Corresponden a las observaciones que hizo la Auditorí­a Superior de la Federación a las secretarí­as de Salud, Educación y Obras Públicas

Al afirmar que el gobierno de Quirino Ordaz busca ofrecer un ejercicio transparente y adecuado del quehacer público, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, dio a conocer que actualmente existen pendientes por solventar 124 observaciones hechas por la Auditorí­a Superior de la Federación, por un monto de mil 189 millones de pesos, correspondientes en su mayorí­a a salud, educación y obra pública.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañada por el director de Contralorí­a, Rogelio Aviña Martí­nez, y por el coordinador de Acceso a la Información, Ví­ctor Pérez, la funcionaria estatal dio un informe del estado en que se recibió la administración pública, referente a las observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores, como son la Auditorí­a Superior de la Federación, Secretarí­a de la Función Pública y Auditorí­a Superior del Estado.

En este marco desglosó cuatro puntos que tienen que ver con rezago en observaciones, rezago en atención a promociones de responsabilidad administrativa, las 108 auditorí­as programadas para revisar el ejercicio del 2016 y el rezago en cumplimiento de obligaciones; también, enumeró cinco mecanismos para el fortalecimiento del Control Interno con auditorí­as en tiempo real y la implementación de figuras como el Testigo Social en materia de Obra Pública y Adquisiciones.

Yan Rubio dio a conocer que los mil 189 millones de pesos en observaciones pendientes de solventar con la ASF, corresponden a Respuesta en Análisis, 249 millones de pesos, además dieron lugar a procedimiento resarcitorio 185 millones de pesos y corresponden a Seguro Popular y FASSA.

Con Dictamen Técnico de No Solventación están 457 millones de pesos y corresponden a FAEB, FAETA, FASP, FAFEF, Seguro Popular, FASSA y U023. "Se tendrá que dar, si existe, más información para que revise y se pronuncie en definitiva", añadió.

Dijo que sin estatus se encuentran 253 millones de pesos. No se cuenta con la totalidad de la información, aunque ahí­ está incluida una auditorí­a a reintegros al sector salud por 133 millones de pesos y otra al programa federal de oportunidades por 75 millones de pesos. Sin respuesta 45 millones de pesos. Las dependencias ejecutoras no han dado respuesta y se les está contactando para su atención.

En cuanto a las 437 observaciones de la Secretarí­a de la Función Pública por un monto de 948 millones de pesos y que se refieren principalmente a pagos improcedentes, recursos destinados a fines distintos a los autorizados, recursos no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE e incumplimiento en materia de planeación y presupuestación, se solicitó la presencia de un equipo para que en sito apoye a esta Secretarí­a revisando la información que se está recabando del análisis de los expedientes correspondientes a fin que puedan dictaminar lo procedente a la brevedad. El compromiso es contar con todos los elementos para iniciar las mesas de trabajo en los próximos dí­as y abatir el rezago en un 50 por ciento en los tres meses siguientes, explicó.

Yan Rubio adelantó que existen 108 auditorí­as programadas para revisar 2016 por parte de la Auditorí­a Superior de la Federación, Secretarí­a de la Función Pública y de la propia Auditorí­a Superior del Estado.

Se está analizando el alcance y su naturaleza, así­ como las observaciones que han sido más recurrentes y con mayor gravedad o impacto económico. Con un enfoque de control interno que permita determinar las áreas más susceptibles en las que deberá intervenir esta secretaria con revisiones de forma directa y complementaria.

Además conforme a la instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, las acciones que se lleven a cabo irán directo a la causa raí­z para fortalecer los procesos sustantivos del quehacer gubernamental que impacten principalmente en pro de la ciudadaní­a.

Detalló que las auditorí­as programadas en el presente año por la Auditorí­a Superior de la Federación al estado inician a partir del primero de mayo y se refieren al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, FAETA, FONE, FAM, FAFEF, FISE, U080, PROSPERA, FASSA, Seguro Popular, FASP, PDR, U006, y Participaciones Estatales, además de 20 a municipios que ya iniciaron, dando un total de 37.

Asimismo, la Secretarí­a de la Función Pública llevará a cabo 36 auditorí­as, de las cuales ya inició 18 a PROAGUA, Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrí­cola, INEA, FPEMS, Fortalecimiento Financiero y FORTALECE.

La Auditorí­a Superior del Estado dentro de su programa anual tiene contempladas 35 auditorí­as a dependencias y entidades estatales del periodo del 2011-2016, entre las que se encuentran la Secretarí­a de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretarí­a de Desarrollo Económico, Secretarí­a de Desarrollo Social y Humano, Secretarí­a de Turismo, Secretarí­a de Seguridad Pública, Secretarí­a de Salud, Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Oficina del Gobernador, Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal, Coordinación General de Comunicación Social, Procuradurí­a General de Justicia del Estado, Instituto Sinaloense de Infraestructura Fí­sica Educativa, Instituto Estatal de Pensiones, Servicios de Educación Pública Descentralizada, Hospital Civil, e Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa.

Por otra parte, la secretaria Yan Rubio adelantó algunas medidas que se implementarán como auditorí­as en tiempo real de obras públicas relevantes acorde a su inversión económica y a su trascendencia para la ciudadaní­a. Con este mecanismo se logrará verificar en tiempo real el avance fí­sico y financiero, que antes sólo se ejecutaba a la conclusión de la obra, lo que asegurará que los recursos asignados se apliquen adecuada y oportunamente, verificando de esta forma se cumplan los plazos establecidos en el calendario de obra y se garantice su adecuada conclusión. Además se implementarán los análisis de viabilidad socioeconómica que demuestren una correcta relación costo, indicadores de necesidad e impactos de las obras ejecutadas.

Complementariamente la auditorí­a en tiempo real se acompañará con una verificación de la calidad de la obra durante su ejecución, buscando garantizar que se cumplan con todas las especificaciones de calidad con la que fue concebida, y este proceso de verificación mediante las pruebas de laboratorio que correspondan será obligatorio para el contratista, para el Gobierno y para la propia Secretarí­a de Transparencia y Rendición de Cuentas.

También dijo que se está fortaleciendo el sistema de contrataciones en materia de adquisiciones y obra pública, para lo cual se realiza actualmente un análisis integral de las disposiciones legales y mecanismos que rigen dichas materias, implementando figuras como los lineamientos en puntos y porcentajes en materia de adquisiciones y en materia de obra pública, lo que permitirá al estado no solo comprar al precio más barato, sino al mejor precio acorde a la calidad requerida y a las necesidades y especificaciones propias de los bienes, servicios u obras que se requieren contratar.

Yan Rubio añadió otra medida es la implementación de la figura de Testigo Social en materia de Obra y Adquisiciones, de tal suerte que se pueda abrir a la participación ciudadana los procesos de licitación desde su inicio, ciudadanizando las compras del gobierno y asignación de obra pública. El propósito es implementar mecanismos de vigilancia social de los recursos públicos, con Observatorios Ciudadanos y Comités de Contralorí­a Social, como parte de la polí­tica pública de Gobierno Abierto.

"Con todas éstas acciones se dará cumplimiento al compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel de operar el quehacer gubernamental de manera transparente, orientado a impactos y con rendición de cuentas por cada entidad para beneficio de los sinaloenses", concluyó.

Conoce el Plan de Austeridad del Gobierno de Sinaloa

1.- Se cancela la asignación de escoltas a funcionarios de mandos medios y superiores, y solo se asignarán a aquellos servidores públicos que por las leyes en materia de seguridad pública o en base al estudio de vulnerabilidad que lleve a cabo la Secretaria de Seguridad Pública se determine.

2.- Se cancela la asignación de chofer a los mandos medios y superiores, sólo contará con chofer el Titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Titulares de las Dependencias y Entidades que lo justifiquen para el desempeño de sus funciones.

3.- No se incrementará el costo de la nómina y los movimientos que se realicen deberán ser justificados y compensados.

4.- A partir de la segunda quincena de enero se iniciará la centralización de la nómina de todas las Dependencias y Entidades de Ejecutivo del Estado, para detectar duplicidad de funciones, generar una mayor eficiencia y economí­as en su registro y pago, efectuar el timbrado de su totalidad y entero del impuesto sobre la renta, el cual será retornado al Estado ví­a participaciones de la Federación.

5.- Ningún servidor público de mando podrá percibir un ingreso superior al Titular del Ejecutivo del Estado y los servidores públicos no podrán tener un ingreso superior al de su jefe inmediato. Por lo anterior, se procederá a revisar las percepciones nominales actuales y proceder, en su caso, a su regularización en la segunda quincena del presente año.

6.- No se otorgarán a los servidores públicos de mandos medios y superiores Seguros de Gastos Médicos Mayores y de Separación Individualizado.

7.- Se cancela el otorgamiento de equipos de telefoní­a celular al personal. Sólo se contará este servicio a aquellos servidores públicos a quienes les sea indispensable para cumplir con sus funciones o que atiendan áreas de riesgo, tales como: Salud, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, a los cuales se establecerá una tarifa máxima y el excedente será cubierto por el servidor público.

8.- No se adquirirán ni otorgarán vehí­culos para el uso personal a mandos medios y superiores. En caso de requerirse el servicio para actividades relacionadas con el trabajo de Gobierno, cada Dependencia o Entidad contará con un pool de vehí­culos utilitarios para cubrir sus necesidades operativas. Sólo se asignará vehí­culo al titular del Ejecutivo y a los titulares de las Dependencias y Entidades.

9.- Se procederá de manera inmediata a identificar aquellos vehí­culos que ya no es conveniente su uso, ya sea por sus condiciones fí­sico mecánicas, por costos onerosos de mantenimiento o de alto consumo de gasolina, a fin que a más tardar el 31 de marzo se inicie su baja.

10.- Los vehí­culos utilitarios que se requieran adquirir por renovación, no deberán exceder de $250,000 incluyendo IVA, con excepción de aquellos con caracterí­sticas especiales que sean necesarios para el ejercicio y operación de los programas de Salud, Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Protección Civil y Supervisión de Obras, los cuales por ningún motivo deberán ser vehí­culos de lujo ni de alto cilindraje.

11.- A partir del mes de febrero se implementará en todas las Dependencias y Entidades la instalación de chip y bitácora para cada vehí­culo, a fin de controlar y reducir el consumo de combustible y transparentar su uso y comprobación.

12.- Se generará un ahorro de al menos 30% en el consumo de combustible y mantenimiento vehicular, con excepción de los programas de Salud, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, derivado de la sustitución por vehí­culos austeros y con caracterí­sticas de alto rendimiento de combustible, así­ como la instalación de chip y bitácora en cada uno.

13.- A más tardar el 30 de abril se llevará a cabo la compactación de programas y estructuras derivado del gasto y acciones de gobierno que no demuestren resultados concretos o estén duplicados.

14.- Las Licitaciones Públicas contarán con la participación de testigos ciudadanos en todos los procesos, serán transmitidas en vivo por internet y se publicará su avance en la página institucional. Para el caso de obras públicas, además se dará seguimiento ví­a internet desde el anteproyecto, adjudicación y ejecución, hasta su conclusión.

15.- A partir del primer trimestre del año se realizará la estandarización, centralización y consolidación de compras de materiales, suministros y servicios de uso generalizado y de obras públicas de todas las Dependencias y Entidades, para garantizar la obtención de ahorros y de mejores condiciones para el Estado. Así­ mismo, se realizará la adhesión a las compras consolidadas que lleve a cabo la Federación, en aquellos casos donde se estime obtener mejores condiciones, como es el caso de los medicamentos.

16.- Se iniciará la justipreciación de renta al 100% de los contratos de arrendamiento de inmuebles actuales, y se efectuará un análisis que incluya entre otros aspectos, el comparativo del valor de avalúo contra el costo de las rentas, a fin de proceder a ajustar las rentas a precio de mercado.

17.- No se autorizarán gastos de consumos de alimentación personales a familiares, y se reducirá el presupuesto destinado a viáticos, convencionales y gastos de representación, los cuales deberán estar relacionados con trabajo del Gobierno, apegarse a la normatividad y limitarse al mí­nimo indispensable.

18.- Se efectuarán convenios marco con las diversas aerolí­neas para estandarizar las tarifas a las que deberán apegarse las Dependencias y Entidades.

19.- Se iniciará la implementación de procesos electrónicos de gestión de documentos y correspondencia con firma digital y correo electrónico, a fin de reducir al mí­nimo indispensable el consumo de papel y fotocopiado.

20.- Se estandarizará en todas las Dependencias y Entidades la plataforma informática para la administración de los recursos financieros, humanos y materiales que permita una mayor eficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento en el ejercicio de las acciones y gastos de Gobierno, así­ como la generación de economí­as en su desarrollo, soporte y actualización.

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